El JuEz GaRzÓn

Hoy trato un tema peliagudo, y es que ya empieza a agotarme la permanente presencia mediática del Juez Garzón. Llevamos unas semanas viendo desfilar al juez “autoerigido” estrella de la Audiencia Nacional, entrando a pié y por la puerta grande al Tribunal Supremo, chupando cámara día tras día, mientras unos lo aclaman y los otros le recriminan, encantado de ser el protagonista de las portadas de informativos y periódicos.

Está imputado en tres casos:

  1. Caso Gurtel, por intervenir las comunicaciones imputado-abogado. Se le acusa de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, vulnerando, así, el derecho fundamental de la defensa recogido en nuestra Constitución.
  2. De rechazar una querella contra el Banco Santander (entonces BSCH) que, anteriormente a su llegada a la Audiencia Nacional había financiado actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
  3. Prevaricación al abrir una causa contra el Franquismo en la Audiencia Nacional.

Es este último caso al que se refiere esta entrada y el que ha día de hoy es noticia.

Pero, empecemos por el principio, ¿Qué es prevaricación?

Es el delito por el que una autoridad, juez u funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque se distingue entre prevaricación judicial y administrativa. Es una manifestación de un abuso de autoridad y está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la Administración. Para que sea punible, debe ser cometida por un funcionario o juez en el ejercicio de sus competencias. La misión de los jueces es aplicar el derecho vigente al caso concreto (“jurisdicción”), y cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete este delito del derecho penal.

Aclarado esto, independientemente de que se cometieron asesinatos durante la Guerra Civil española, eso es una obviedad, y que cualquier asesinato, lo practique quién lo practique, es injusto. Es, también una obviedad, que en todas las guerras civiles se asesina a inocentes y se produce el más horroroso de los horrores que es que “hermanos” se maten entre sí.

En nuestro país está vigente la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía:

“1. Quedan amnistiados:
a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
b. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
c. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.
La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.
2. En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a. Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar.
b. La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos.
c. Los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
d. Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
e. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
3. Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares.
4. Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola exclusión de la tributarias.
5. Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad.
6. La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio.
Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones mas beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación.
7. Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos serán en cada caso los siguientes:
a. La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.
b. El reconocimiento a los herederos de las fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas.
c. La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.
d. La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado.
e. La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las fuerzas de orden público, incluso los que hubiesen pertenecido a cuerpos extinguidos.
8. La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los hechos contemplados en los artículos 1 y 5 de la presente Ley, restituyendo a los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la seguridad social y mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado.
9. La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, Tribunales y autoridades judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción de que se trate.
La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.
La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del Ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública.
10. La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura de los que estuviesen declarados en rebeldía.
11. No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en cualquier caso.
12. La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

Esta ley nace con la vocación de que ambos bandos tengan cabida en la nueva sociedad democrática española, cerrando, así, las dolorosas heridas abiertas en la guerra, creando un nuevo espacio donde fuese posible la convivencia, para ello concede un indulto general para todos aquellos queparticiparon en la Guerra y Postguerra.

Esta ley, “en vigor”, se refiere a un periodo oscuro y doloroso de nuestro país y el Juez la ha obviado, reabriendo viejas heridas.
Por actuar a sabiendas de la existencia esta ley es por lo que se le acusa de prevaricación, por extralimitarse en sus funciones.

Garzón alega en su defensa que: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben con el paso del tiempo y no pueden ser amnistiados”, aunque lo cierto es que según la la Ley de Amnistía, se deben olvidar “todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos realizados antes del 15 de diciembre de 1976”. Pero para Garzón, los crímenes contra la humanidad denunciados por los familiares de las víctimas, no tienen esa naturaleza política: “Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Ha habido cientos de miles de víctimas que no han sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal”, las denuncias de los afectados versaban sobre “toda una serie de hechos con apariencia delictiva que se calificaban como genocidio y crímenes contra la humanidad”.

¿Qué va a decir él?

Yo por mi parte lo veo claro…

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